HACIA UN PROCESO DE INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNDO LABORAL EN VENEZUELA parte 3
Parte: 3
Por: Ronald Marrero.
Así que la única forma de revertir estos procesos y lograr que esto no suceda tan constantemente, es dar a conocer de manera amplia y masiva los derechos de las personas con discapacidad, de los trabajadores y trabajadoras e impulsar de manera constante en una campaña de información, formación, sencibilización y respeto a los derechos que consagra la ley a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país.
Cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, al igual que el derecho de los trabajadores y trabajadoras, debemos entender que estamos hablando de derechos humanos consagrados, asumidos, votados y aceptados por las Naciones Unidas y sus representantes, así como por las leyes y reglamentaciones internas de cada país, así que la violación de estos derechos es una violación a los derechos humanos de las personas a las que lesiona el patrón sea este público o privado.
Con respecto a esto colocamos las palabras del libro de Jares, Xesús 2002, cuando cita la definición clásica de Levín de los derechos Humanos.
El concepto de derechos humanos tiene dos significados fundamentales. El primero consiste en el hombre, por el sólo hecho de serlo, tiene unos derechos inherentes e inalienables. Se trata de derechos morales que emana de la condición misma de ser humano. El segundo significado es el de los derechos establecidos por la ley en virtud del proceso de creación en la sociedad tanto nacional, como internacional.
(p. 24)
Podemos decir sin temor a equivocarnos que para poder hacer que las situaciones de las que hemos venido hablando cambien, se debe ir a un proceso de formación el cual debe partir desde las escuelas primarias, eso sí existe la voluntad política por parte de los gobiernos para realizar esta tarea. En el caso de Venezuela leyes como la LOPCYMAT tienen capítulos dedicados a la formación y educación en materia de prevención y mejoras de condiciones de medio ambiente de trabajo, sin embargo no habido voluntad política desde el gobierno para implementar dichas políticas informativas y formativas en el seno de la educación formal del país.
Es así, como el esfuerzo en materia de prevención de varias instituciones queda aislado, siendo su impacto importante, pero mínimo en el espectro de la sociedad. Esta falta de voluntad política en la implementación real de programas de formación y educación que empoderen a las personas del conocimiento, de las leyes y reglamentos que los protegen, dejan así un espacio vacío muy grande en el seno de nuestra sociedad, se pierde un gran esfuerzo por parte del gobierno, ya que el mismo constantemente genera leyes para protección de los ciudadanos y ciudadanas, con o sin discapacidad, que al no ponerlas en práctica por falta de voluntad política sólo quedan como acciones efectistas y asistencialistas que no generan los cambios deseados.
A este respecto Jares, Xesús (2002), plantea lo siguiente, con respecto al estudio de los derechos desde la edad escolar:
“El estudio de los derechos del hombre en la escuela tiene por objetivo, llevar a los estudiantes a comprender y a aceptar las nociones de justicia, paz, igualdad, libertad, dignidad, derechos y democracia. Esta comprensión debe ser a la vez intelectual y de acuerdo a las referencias vividas de afectividad. (p.53)
Para poder cambiar las situaciones sociales se debe hacer un amplio esfuerzo por crear un currículo crítico que funcione dentro del seno de la educación de la nación, cuando se plantea la incorporación de un nuevo currículo crítico, se hace con la intencionalidad de que los niños y adolescentes que están dentro de la edad escolar, comiencen a conocer y a ver las diferencias sociales y entiendan que los procesos deben ser cambiados desde las bases, es decir, es a través de un nuevo eje curricular que hable sobre los derechos humanos, laborales y sociales, sobre la inclusión, sobre las responsabilidades y deberes dentro de los procesos educativos, que se generaran los cambios para mejorar nuestras sociedades, mientras no haya la voluntad política para hacerlo sólo se harán pequeños avances y se obtendrán logros aislados en materia de la defensa, el respeto y la práctica de los derechos.
Utilizamos las palabras de Sarup M,(1990) para reforzar la idea y la necesidad de un currículo crítico en materia de derechos:
La función del currículum no es reflejar una realidad fija, sino reflexionar sobre la realidad social, es demostrar que el conocimiento y los hechos sociales son productos históricos y, en consecuencia, que pudieron haber sido diferentes (y pueden serlos todavía) (p.217)
Podemos asumir entonces que para que se generen los cambio necesarios dentro de nuestras sociedades se necesita una voluntad política muy sería de parte de nuestros gobiernos, los cuales deben esforzarse por generar contenidos curriculares y comunicacionales para el empoderamiento real de los ciudadanos y las ciudadanas. De no ser así los esfuerzos que se hacen desde el seno del gobierno para cambiar las situaciones de exclusión y de violación constante de los derechos de las personas con discapacidad continuará hasta que las sociedades puedan asumir el rol contralor y ejecutor de las políticas que los Estados y gobiernos se niegan a cumplir y hacer cumplir ya que no son cónsonos con sus intereses.
Es imperativo entender que si a la gente común, al ciudadano y a la ciudadana de a píe, a las personas que en lo cotidiano construimos día a día con nuestros esfuerzos el país y los cambios sociales, no se les da las herramientas y las informaciones, para avanzar en la defensa de sus derechos, no tomaremos el papel activo y protagónico para realizar el cambio social que se necesita, para hacer nacer de este mundo en el que vivimos, uno más humano, más incluyente y más armónico.
CONCLUSIÓN:
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